Expropiaciones en comunidades agrícolas y cooperativas campesinas

A lo largo de los valles del centro y norte de Chile existen miles de hectáreas organizadas bajo regímenes de propiedad colectiva originados en la Reforma Agraria (parcelaciones CORA / CERA) o bajo el estatuto especial de las comunidades agrícolas históricas reguladas por el DFL N° 5 de 1968. Cuando el Estado proyecta un embalse, una doble vía o una red eléctrica sobre estas tierras, el proceso de expropiación se vuelve sumamente complejo debido a las reglas de representación legal de la comunidad.

Quién representa formalmente a la comunidad campesina

Un error muy común es que comuneros individuales intenten comparecer por sí mismos en el tribunal civil para cobrar la totalidad del dinero, o que la directiva de la junta de vecinos intente negociar a puertas cerradas con el MOP sin contar con el respaldo legal de sus bases. La ley chilena exige formalidades estrictas:

• Poder por Junta General de Comuneros: Para que el presidente o directorio de la comunidad agrícola pueda demandar al Fisco en el juicio de reclamación o solicitar el giro de cheques, debe contar con un mandato expreso aprobado en asamblea general extraordinaria, reducida a escritura pública ante notario.
• El Registro de Comuneros vigente: El tribunal civil exigirá el padrón oficial actualizado de comuneros inscritos en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) para constatar quiénes son los titulares con derecho a participar de los beneficios económicos.

Tierras de goce singular frente al campo común de pastoreo

En las comunidades agrícolas coexisten dos realidades territoriales: los "goces singulares" (sitios cercados donde cada familia tiene su vivienda y huerto privado) y el "campo común" (extensos sectores de secano, cerros y veranadas destinados al pastoreo colectivo del ganado).

Al expropiar, el Fisco tiende a aplicar una tasación mínima y homogénea, tratando todo como suelo de secano de baja productividad. La defensa judicial debe separar con claridad los perjuicios: las pérdidas de viviendas y huertos familiares deben pagarse a valor de reposición inmediata a cada familia afectada, mientras que la pérdida del campo común debe indemnizarse a la comunidad considerando el valor de los aguadas, corrales comunitarios y forraje ganadero.

En comunidades agrícolas, la asamblea y el directorio deben actuar con plena prolijidad jurídica: cualquier error en la representación formal bloqueará el cobro del cheque en el juzgado.

Las obras públicas no esperan los acuerdos internos de las comunidades. El plazo de 30 días fatales para demandar corre implacable desde que se notifica la consignación. Si su comunidad agrícola o cooperativa enfrenta un decreto de expropiación, lo invitamos a agendar una reunión sin costo con nuestro equipo para asesorar a su directiva y comuneros.